Hoy en día, los ayuntamientos no se atreven a utilizar la moderna tecnología de vigilancia con cámaras anónimas, que crea seguridad y protege la intimidad de las personas. Les preocupa, con razón, que la autoridad supervisora sueca IMY endurezca su interpretación de una normativa ya obsoleta.
La principal tarea de la actual ley de vigilancia por cámaras es proteger la privacidad de los ciudadanos. Las personas deben poder moverse en sociedad sin que los ayuntamientos, la policía o las empresas de seguridad privadas puedan seguir cada paso. Por lo tanto, normalmente se necesita el permiso de la Agencia Sueca de Protección de la Intimidad (IMY) para instalar sistemas de vigilancia por cámara en entornos públicos.
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